La presidenta detalló que los funcionarios extranjeros solo participaron en la ubicación del sitio, mientras que México realizó el desmantelamiento del laboratorio clandestino
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que los funcionarios estadounidenses involucrados en el caso del laboratorio clandestino localizado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, únicamente participaron en labores de ubicación del sitio, sin intervenir en acciones operativas para su desmantelamiento.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que los agentes, identificados posteriormente como integrantes de una agencia de Estados Unidos, acompañaron a personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para localizar el laboratorio de metanfetaminas; sin embargo, precisó que no participaron en el operativo ejecutado posteriormente por autoridades federales mexicanas, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR).
“No iban a desmantelar un laboratorio. Iban a ubicar el laboratorio, ubicaron el laboratorio y se regresaron; no hicieron nada con el laboratorio”, declaró.
La presidenta señaló que fue posteriormente cuando la Fiscalía General de la República acudió al lugar para realizar el aseguramiento y desmantelamiento del sitio clandestino.
Asimismo, confirmó que la FGR mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer la participación de los agentes extranjeros en territorio mexicano y determinar si existió alguna posible violación a las leyes nacionales.
Sheinbaum sostuvo que el tema no está relacionado con el combate al narcotráfico en sí, sino con el cumplimiento del marco legal mexicano respecto a la presencia y actuación de agentes extranjeros en el país.
Explicó que la legislación vigente establece que los agentes internacionales deben estar debidamente acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y no pueden participar directamente en operativos o actividades de campo sin autorización.
Durante su intervención, la presidenta también reveló que, tras darse a conocer los hechos, dos agentes estadounidenses abandonaron el país, al no contar con la acreditación correspondiente para realizar actividades en México.
La mandataria federal relacionó además este caso con recientes solicitudes de autoridades estadounidenses para la detención con fines de extradición de diversos ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador, un senador y un alcalde en funciones.
En ese sentido, indicó que tanto el Gobierno de México como la Fiscalía General de la República han solicitado pruebas antes de proceder con cualquier acción legal.
Fue el pasado 2 de junio cuando el vocero de la FGR, Ulises Lara, informó que hasta el momento se han realizado más de 120 diligencias ministeriales, entre ellas cerca de 60 entrevistas a personas vinculadas con los hechos, incluyendo al ex fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, lo que ha permitido ampliar el panorama sobre las circunstancias en que fue descubierto el sitio
