Actualmente el asunto ya se encuentra en etapa de ejecución y que el juez puede ordenar el inicio de los pagos en cualquier momento

Amás de un año de que debía comenzar la ejecución de la sentencia en el caso Aras, las víctimas continúan sin recibir reparación del daño, mientras que el proceso permanece detenido por la falta de entrega de avalúos e inventarios de bienes asegurados, señaló el abogado Mariano Cordero. Indicó que actualmente el asunto ya se encuentra en etapa de ejecución y que el juez puede ordenar el inicio de los pagos en cualquier momento.

El litigante explicó que el proceso judicial ya superó diversas etapas y que incluso el amparo que mantenía suspendido el caso fue retirado, por lo que aseguró que ya no existe impedimento legal para que se inicie la distribución de bienes decomisados a favor de las más de 4 mil 351 personas afectadas y otras que acrediten derecho a la reparación del daño.

Detalló que los bienes asegurados por la Fiscalía General del Estado, derivados del decomiso ordenado por la jueza, ya pueden ser utilizados para resarcir económicamente a las víctimas. En ese sentido, indicó que la representación legal de los afectados solicitó ya una audiencia con el juez de ejecución para destrabar el procedimiento y comenzar con el pago correspondiente.

Sin embargo, acusó que la Ceave, dependencia adscrita a la Fiscalía, ha frenado el avance del caso bajo un discurso de igualdad entre las víctimas, situación que, dijo, ha provocado que el expediente permanezca “en la congeladora” mientras continúan generándose rentas de algunos bienes y otros han desaparecido del patrimonio asegurado.

Cordero explicó que uno de los principales obstáculos es que desde enero la Fiscalía no ha entregado al juez el inventario completo ni los avalúos actualizados de los bienes asegurados, documentación que, aseguró, es indispensable para determinar cuánto dinero existe disponible y cuánto correspondería a cada afectado.

Precisó que actualmente no es posible calcular cuánto recibiría cada víctima, debido a que aún se desconoce el valor total de los bienes que forman parte de la masa de reparación del daño. No obstante, señaló que el monto total reclamado supera los mil millones de pesos, mientras que los bienes actualmente asegurados rondan entre los 500 y 600 millones de pesos.

Asimismo, explicó que todavía existen propiedades sujetas a litigios de extinción de dominio y demandas civiles, las cuales podrían incorporarse posteriormente al fondo destinado a las víctimas, en caso de acreditarse que fueron adquiridas con recursos relacionados con Aras.

Finalmente, el abogado recordó que la sentencia original fue emitida en diciembre de 2023 y que, tras el desistimiento del amparo, la Fiscalía había prometido que los pagos comenzarían en un plazo aproximado de un mes, situación que no ocurrió. Ante ello, pidió paciencia a las víctimas y advirtió que, de ser necesario, podrían retomarse acciones de resistencia civil para exigir el cumplimiento de las resoluciones judiciales.