De acuerdo con el área jurídica de DHIA, la resolución permitirá que los familiares de las 40 personas fallecidas, así como los 27 sobrevivientes y sus allegados, mantengan el acceso a servicios médicos y psicológicos, continúen exigiendo justicia en los procesos penales y administrativos en curso y reciban medidas de rehabilitación y satisfacción derivadas de las graves violaciones a sus derechos humanos
Un juzgado federal ordenó suspender el cierre de la recomendación 111VG/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionada con las graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo de 2023, tragedia que dejó 40 personas migrantes fallecidas y decenas de lesionadas.
La resolución fue emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que admitió un juicio de amparo promovido contra la decisión de la CNDH de dar por concluida la recomendaciones
Con ello, se detiene temporalmente el cierre del expediente mientras se revisa si realmente fueron cumplidas las medidas ordenadas.
La decisión judicial surge después de que, en abril de este año, la CNDH notificó que la recomendación había sido cumplida por el Instituto Nacional de Migración (INM); sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos consideraron que dicha determinación fue ilegal e injustificada debido a que persisten pendientes en materia de atención, reparación y justicia para las víctimas.
Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) en conjunto con diferentes organizaciones señalaron en un posicionamiento conjunto que la resolución judicial vuelve a colocar a las víctimas en el centro del proceso y obliga a las autoridades a verificar de manera exhaustiva el cumplimiento de cada una de las medidas establecidas en la recomendación.
El posicionamiento fue respaldado por diversas organizaciones acompañantes, entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la Fundación para la Justicia y Derechos Humanos Integrales en Acción.
“A más de tres años de la tragedia, seguimos acompañando a sobrevivientes y familias en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación integral”, expresaron las organizaciones en un pronunciamiento conjunto difundido tras conocerse la resolución judicial.
Como parte de las medidas ordenadas, la CNDH deberá continuar con la supervisión y verificación del cumplimiento de la recomendación 111VG/2023, además de coordinarse con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar atención médica, psicológica y tanatológica especializada a las personas afectadas por el incendio.
Las organizaciones destacaron que dicha atención deberá brindarse de manera gratuita y, cuando sea necesario, en los países de origen de las víctimas y sus familiares, hasta lograr su recuperación física, psicológica y emocional; esta medida busca asegurar una reparación integral de los daños sufridos.
Actualmente, diez sobrevivientes y nueve familias de personas fallecidas continúan enfrentando las secuelas de la tragedia mientras intentan reconstruir sus vidas; a ello se suman los efectos emocionales derivados de la pérdida de seres queridos y de las condiciones en las que ocurrió el siniestro.
De acuerdo con el área jurídica de DHIA, la resolución permitirá que los familiares de las 40 personas fallecidas, así como los 27 sobrevivientes y sus allegados, mantengan el acceso a servicios médicos y psicológicos, continúen exigiendo justicia en los procesos penales y administrativos en curso y reciban medidas de rehabilitación y satisfacción derivadas de las graves violaciones a sus derechos humanos.
