la información aportada por los testigos servirá para seguir con las líneas de investigación que la FGR tiene respecto a las acusaciones del gran jurado del Distrito Sur de Nueva York

El fiscal de asuntos relevante de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, informó que, de los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, acusados de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa y Los Chapitos por Estados Unidos, sólo 5 de ellos comparecieron ante el Ministerio Público por la investigación que las autoridades mexicanas iniciaron.

Entre los que asistieron a comparecer se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el senador Enrique Inzunza y Dámaso Castro, vicefiscal estatal, todos con licencia, así como Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa.

Otros citados por la FGR fueron Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, quienes ya se encuentran en custodia de las autoridades estadounidenses, pues ambos se entregaron en la frontera.

De acuerdo con Lara López, la información que aportaron los citados en calidad de testigos servirá para seguir con las líneas de investigación que la FGR tiene respecto a las acusaciones realizadas por el gran jurado del Distrito Sur de Nueva York, las cuales derivaron en la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía.

“Continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades en caso de que se encuadre algún delito. (…) Se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para alcanzar la verdad y la justicia en este caso”, informó Ulises Lara en un mensaje a medios.

Aunque los señalados cuentan con una orden de arresto en Estados Unidos y con una solicitud de detención provisional con fines de extradición, el fiscal explicó que ninguno de ellos tiene una ficha roja de Interpol.

Quienes también fueron citados a comparecer en calidad de testigo, pero por la indagatoria que inició la FGR por delitos contra la seguridad nacional por la participación de cuatro agentes de la CIA en un operativo en la Sierra del Pinal, en Morelos, Chihuahua, fueron la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, y el exfiscal estatal, César Jáuregui.

“Se citó al fiscal general y a la gobernadora constitucional del estado con el único fin de conocer su testimonio para allegarse de elementos e integrarlos a la investigación acerca de la participación de dichos agentes extranjeros en actividades de seguridad en nuestro país. Sin embargo, la mandataria estatal solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información”, dijo Lara López.

El 27 de mayo, Maru Campos acudió a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México para entregar un escrito en donde pidió declarar improcedente el citatorio y acusó que la fiscalía intentaba fabricarle un caso, pues, aunque fue citada como testigo, en el citatorio se invocaron artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que son propios de los imputados.

Además, argumentó que su fuero constitucional le permite no presentarse al llamado de la FGR y que ante cualquier solicitud de información que se requiera, las autoridades la pueden realizar por la vía institucional.

“Conocemos lo que implica la inmunidad procesal, la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas servidoras públicas, como el caso de la gobernadora. Sin embargo, ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”, precisó el fiscal para asuntos relevantes.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las personas que sean requeridas por la autoridad investigadora o por un juez tienen la obligación de acudir a las citas para aportar información.

En el caso de los funcionarios con fuero constitucional, esta obligación de aportar información se mantiene, aunque ellos pueden no presentarse físicamente y optar por enviar por escrito su declaración, pero en ningún momento pueden negarse a compartir información con las autoridades.